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Gipuzkoa no aplicará el copago que exige Madrid en la atención a la Dependencia

El Decreto del Gobierno afectaría a 4.553 guipuzcoanos con plaza residencial

La supresión de la cotización a la Seguridad Social que introduce la reforma perjudica a más de 3.300 cuidadoras

Jorge Napal - Martes, 10 de Julio de 2012 - Actualizado a las 05:24h.

Varias personas mayores, con una cuidadora, conversan en un parque.

Donostia. Insumisión a los recortes. Algo así vino a decir ayer la Diputación al anunciar que Gipuzkoa "se negará a aplicar un aumento del copago" de los beneficiarios en la atención a la Dependencia. El Ejecutivo foral se ha propuesto "mantener" la confección actual de las ayudas, aunque por el momento nadie parece estar en condiciones de valorar el impacto económico que supone la reforma del Gobierno central. Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto el próximo viernes.

En el territorio hay 4.553 personas ocupando una plaza residencial concertada con la Diputación que podrían sufrir las consecuencias de esa subida. El Gobierno central se ha propuesto unificar la aportación económica mínima exigible en todo el Estado. Si bien hasta ahora en Gipuzkoa siempre se ha tomado como referencia el Salario Mínimo Interprofesional para calcular cualquier prestación, el Gobierno central realizará a partir de ahora el cálculo del copago utilizando un indicador, llamado IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que viene a restar unos 120 euros mensuales a los intereses del usuario, según denunció ayer la Diputación. Además, "con el objetivo de incrementar (aumentar la aportación de los usuarios al sistema) el copago", se contabilizará la vivienda habitual de la persona dependiente como patrimonio, algo que nunca ha ocurrido en Gipuzkoa.

Por todo ello, la Diputación acusó ayer al Gobierno español de querer dar "un golpe mortal" a la Ley de Dependencia con la aplicación de nuevos recortes, y censuró que en la actualidad Gipuzkoa gasta 200 millones de euros al año en la aplicación de la normativa mientras que solo recibe 30 de financiación de Madrid.

El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, compareció en Donostia acompañado por la directora de Atención a la Dependencia, Txelo Pérez, para dar a conocer la postura que mantendrá hoy como representante de Gipuzkoa en el Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, que se celebra en Madrid.

sin seguridad social La reforma supone, en palabras de Rodríguez, "un recorte de derechos brutal para las personas dependientes". Así, censuró algunas de las medidas que contempla esta "contrarreforma", como la de suspender la cotización a la Seguridad Social a aquellas personas que cuidan de un familiar dependiente, una modificación que perjudicaría en Gipuzkoa a 3.332 cuidadoras.

El diputado reconoció que este aspecto se convierte en "el principal problema" para el Ejecutivo foral, que carece de competencias en la materia.

Otra medida fuertemente criticada que incluye el Real Decreto es la de declarar incompatibles las prestaciones con la utilización de otros servicios, como los Centros de Día o el Servicio de Atención Domiciliaria, algo que ocurre en el 20% de los casos.

La directora foral precisó que en Gipuzkoa hay 10.430 personas que cobran una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar, de las cuales 6.449 son mujeres. "La gran mayoría se verían afectadas, en una u otra medida, por la reforma del PP, ya sea con la retirada de la cotización a la seguridad social, con una reducción en la cuantía de la ayuda que reciben las cuidadoras (actualmente cobran un máximo de 520 euros al mes, en los casos más graves), o con la imposibilidad de compatibilizar esta con otros servicios necesarios", detalló Pérez.

Además, la directora foral reveló que actualmente hay en Gipuzkoa 1.381 personas valoradas con dependencia leve, un colectivo al que, según se estima, se incorporarán alrededor de 300 guipuzcoanos más. El problema, según dijo, es que "ninguna persona de dependencia moderada va a poder ser atendida, como mínimo, hasta el 1 de julio de 2015".

Pérez criticó, además, que "los incumplimientos de Madrid" respecto a los diferentes niveles acordados han provocado que Gipuzkoa deje de ingresar seis millones de euros, al tiempo que denunció que el Gobierno central pague por una persona con una gran dependencia 266 euros cuando el coste en una plaza residencial asciende a casi 3.000 euros.

El diputado de Política Social resaltó que todo ello supone "un ataque frontal contra la Ley de Dependencia, un recorte de los derechos inasumible y un paso atrás en el Estado de bienestar. El único objetivo del Gobierno español es reducir drásticamente la aportación económica a las comunidades autónomas y Diputaciones para la atención a la dependencia", resaltó.

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