Bis a bis

Legalidad y desarme

Por Juanjo Álvarez - Lunes, 20 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:10h.

¿Cómo ebe responder el Derecho y la política ante el anuncio conocido el pasado viernes 17 de marzo? Se trata de una metodología orientada a lograr que el objetivo del desarme de ETA sea unilateral e incondicional y se consumará el próximo 8 de abril. El procedimiento se concreta en el recurso a intermediarios civiles que notificarán a la justicia francesa, en nombre de ETA, la localización de los zulos para que proceda a su desarme con la supervisión del Comité Internacional de Verificación, coordinado por Ram Manikkalingam y constituido a finales de 2011, tras el cese definitivo de la violencia, así como por el Gobierno Vasco.

Es un cambio de estrategia significativo porque en un principio el objetivo de ETA tras el cese definitivo de su actuar terrorista se concretó en intentar, sin éxito, menospreciar a las instituciones vascas y promover una vía de negociación con el Gobierno central para tratar del fin de la dispersión y de lograr una política penitenciaria basada en la llamada justicia transicional a cambio de la disolución y el desarme. Era la pretendida vía de negociación bilateral que hubiera posibilitado a ETA y a su entorno político elaborar un relato sobre el fin negociado de la lucha armada.

Ese frustrado objetivo negociador ha conducido a un nuevo escenario en el que el papel silente, discreto, de buena fe, huyendo de réditos políticos y eficaz de las instituciones vascas ha sido determinante para poder validar o avalar tal iniciativa y asumir como propio tal cometido con el respaldo de instituciones internacionales pertinentes y con el acuerdo tácito del Gobierno Rajoy para al menos no bloquear o impedir su materialización.

Es el momento del Derecho y, en particular, es tiempo obligado de adecuación y adaptación de las interpretaciones jurisprudenciales preexistentes a la nueva realidad sobre la que han de aplicarse las leyes vigentes. A la ausencia de actos terroristas se sumará ahora el desarme unilateral y completo.

Una “organización armada” como se autocalificaba ETA y como se le describía legalmente que pasa a ser “organización desarmada” muta, cambia su calificación jurídica: deja de ser una organización armada;una organización que no renuncia expresamente a sus fines pero que se desarma íntegramente renuncia de facto a la utilización de la violencia para el logro de sus fines. No merece ningún premio ni recompensa por ello, de acuerdo, pero la situación fáctica y jurídica cambia sustancialmente: ya no hay calificación legal posible de “pertenencia a banda armada”.

Y la vía propuesta para materializar tal desarme completo no debe recibir ni vetos políticos de los gobiernos francés y español ni reproche legal a quienes bienintencionadamente coadyuven, colaboren para su realización porque no hay dolo delictivo alguno apreciable y porque en los respectivos códigos penales de ambos Estados no existe previsión normativa alguna que penalice la conducta de aquellos ciudadanos particulares que ni integran banda armada, ni colaboran con ella ni secundan sus fines (al contrario, postulan de facto su disolución, al contribuir de forma necesaria a eliminar los instrumentos de su barbarie), ni pueden tampoco ser acusados de tenencia ilícita de armas, ya que no poseen armas sino que se limitan a ejercer la labor de remitentes de una información necesaria para su localización y puesta a disposición de las autoridades estatales.

El anuncio es, sin duda, una muy buena noticia;tardía, pero muy buena y ha sido recibida con una cierta austeridad emocional por parte de la sociedad vasca. ¿Por qué? Porque ETA no anuncia ni va a escenificar su disolución. ETA es consciente de que la inmensa mayoría del pueblo vasco repudiábamos y repudiamos y rechazamos su barbarie como instrumento de acción política. Sabe que carecía y carece de base social para generar esa discontinuidad política que pretendía por medios violentos. Ésa fue y es su máxima debilidad y el motor que ha permitido hacer irreversible este proceso. Con disolución o sin disolución. Y que la propia sociedad civil selle así el fin de ETA revela en qué medida la lección dirigida a la organización y a sus miembros es clara: hay que respetar las reglas básicas de convivencia. Nadie puede pretender lograr por la imposición del chantaje y de la amenaza de la violencia el proyecto político que no logra hacer realidad por ausencia de mayoría social.