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La gestación subrogada, a debate

La posible regulación de esta técnica en el Estado español enfrenta a quienes defienden el derecho de cualquier persona o pareja a tener descendencia sin recurrir a la adopción o quienes la ven como una forma más de explotación de la mujer

Un reportaje de Carlos Mtz. Orduna - Domingo, 16 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:11h.

pocos asuntos han generado en los tiempos recientes un debate tan amplio, que incluso ha enfrentado a personas ideológicamente ubicadas en posiciones muy similares, como la gestación subrogada, el procedimiento de fertilización in vitromediante el que una mujer accede a gestar en su útero el hijo de otra persona o pareja. Esta controvertida técnica, que cuenta con distintas coberturas legales en países como Canadá, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Tailandia o Grecia, ha ido ganando en popularidad con el paso de los años y son ya miles las unidades familiares con residencia en el Estado español, donde es totalmente ilegal, que han optado por ella para tener descendencia.

Las dificultades burocráticas y los largos plazos necesarios para adoptar en España y el endurecimiento de las leyes para hacerlo en otros países como Rusia, que no se lo permite a las parejas homosexuales y “ha cerrado el grifo” a las personas solteras -según la abogada María Dolores Lozano-, explican en parte esta realidad. Se estima, de hecho, que las adopciones internacionales han caído en torno a un 60% en los últimos tres años.

Sin embargo, la voluntad legítima de esas miles de parejas y personas de ser madres y padres de forma rápida y fácil ha colisionado frontalmente con la mercantilización y la cosificación del cuerpo de la mujer que en muchas ocasiones acarrea este método, accesible además sólo para quienes cuentan con un poder adquisitivo importante. Las voces contrarias a su regulación en el Estado consideran el término gestación subrogada un simple eufemismo y abogan por calificar la técnica como vientre de alquiler. Un alquiler, además, de gestantes pobres, lo que a su juicio supone una forma más de explotación del cuerpo de la mujer.

El debate ha saltado a la arena pública con intensidad en los últimos meses desde que una veintena de colectivos feministas se manifestasen el pasado mayo contra la celebración de una feria en Madrid que promocionaba la gestación subrogada con mensajes como Mafia, fuera de mi úteroe intentasen boicotearla. Y se ha convertido también en motivo de discusión política de primer orden desde que el pasado 28 de junio Ciudadanos registrase en el Congreso de los Diputados la primera proposición de ley para legalizarla en el Estado con varios requisitos para todas las partes, como que la mujer gestante sea mayor de 25 años, haya sido madre con anterioridad, tenga una situación socio-económica óptima, sólo pueda participar en dos gestaciones subrogadas a lo largo de su vida y lo haga de forma “altruista”, a través de un registro estatal adscrito al Registro Nacional de Donantes. Entretanto, los subrogantes -según la propuesta- deberán tener un mínimo de 25 años y un máximo de 45 y haber agotado o ser incompatibles con las técnicas de reproducción asistida.

Por de pronto, el Comité de Bioética de España, un órgano colegiado que asesora al Gobierno estatal sobre las materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud, también se ha pronunciado en contra de la legalización de esta técnica al considerar que trae de la mano tanto la “explotación” de la mujer como “un daño a los intereses del menor”. Su apuesta pasa por promover internacionalmente un marco regulatorio común que prohiba la celebración de este tipo de contratos “en garantía de la dignidad de la mujer y del niño”.

Partido Popular, PSOE y Podemos, los tres partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados, se han mostrado ya en contra, aunque con matices, de dar vía libre a la gestación por sustitución tal y como la plantea la formación naranja, dejando curiosas paradojas como que dos partidos ideológicamente en las antípodas como PP y Podemos hayan rechazado públicamente la “mercantilización” del cuerpo de la mujer, cuya intención se encuentra “oculta” en la proposición de Ciudadanos según el partido de los círculos. En este contexto, Albert Rivera ha pedido a PP, PSOE y Podemos que dejen libertad a sus diputados cuando toque someter su propuesta a votación. Mientras tanto, PNV, ERC y PDeCAT se han mostrado favorables a regular la gestación, aunque en su día coincidieron en señalar que se trata de una cuestión difícil y que también genera controversia dentro de sus filas.

Controversia que también se observa con claridad al comparar la posición ya hecha pública en torno a la gestación subrogada por dos formaciones tan afines en lo social como Ezker Anitza y EH Bildu: “Violencia machista” para la primera, según aseguró hace unos días la diputada de Unidos Podemos, Isabel Salud. Una opción regulable siempre que la gestación sea “gratuita” y “pública”, sin intermediación de empresas ni pagos de por medio, a juicio de la segunda. En Euskadi, tal es la diversidad de opiniones que esta técnica genera, tantos los prismas desde donde analizarla, que el debate sigue marcando el día a día de colectivos feministas de larga trayectoria.

bajas para el funcionariadoEl Gobierno Vasco tampoco ha querido posicionarse en un debate que en todo caso tendría su marco legal, de aprobarse finalmente, en el ámbito estatal, pero el pasado mes de febrero aceptó reconocer los mismos derechos en forma de bajas y permisos a los empleados públicos que sean madres o padres por gestación subrogada, al mismo nivel de quienes sean progenitores tras un parto convencional, mediante acogimiento o a través de la adopción. El portavoz del ejecutivo, Josu Erkoreka, justificó una decisión que trata de “igualar derechos y facilitar la conciliación laboral y familiar de las personas que han tenido un hijo mediante este procedimiento” e insistió en que el Gobierno “no pretende tomar posición”. A su juicio, cualquier cambio legal en esta materia “debe estar precedido por una reflexión profunda y sustentado en un consenso amplio”, el que sigue buscándose todavía hoy en múltiples foros.

Según los datos aportados este mismo año por la Asociación por la Gestación Subrogada en España, cerca de 250 niños llegan a Euskadi anualmente tras haber nacido a través de esta técnica, una cifra que se eleva hasta los casi 1.500 en el conjunto del Estado. El 80% de los casos corresponde a parejas heterosexuales, en las que la mujer no puede gestar por razones de salud. El resto, a mujeres solas, a hombres en esta misma situación o a parejas homosexuales, que en varios de los países extranjeros donde la gestación subrogada es legal también la tienen vetada.

al detalle

Paradojas. La voluntad de miles de parejas y personas de ser madres y padres de forma rápida y sencilla ha colisionado frontalmente con la mercantilización y la cosificación del cuerpo de la mujer que en muchas ocasiones acarrea la gestación subrogada, accesible además sólo para quienes cuentan con un alto poder adquisitivo. Sin embargo, el camino de la adopción nacional está plagado de trabas y el de la internacional se ha endurecido desde el punto de vista legal.

Debate político. El debate ha saltado a la arena pública con intensidad en los últimos meses desde que una veintena de colectivos feministas se manifestasen el pasado mayo contra la celebración de una feria que promocionaba la gestación por sustitución y Ciudadanos registrase en el Congreso de los Diputados la primera proposición de ley para legalizarla en el Estado.

En Euskadi. El Gobierno Vasco no ha querido tomar posición en el debate, pero ya ha aceptado reconocer los mismos derechos en forma de bajas y permisos a los empleados públicos que sean madres o padres por gestación subrogada, al nivel de quienes sean progenitores tras un parto convencional, mediante acogimiento o adopción.


la cifra

250

Niños nacidos a través de esta técnica llegan a Euskadi anualmente.