La ley de Transitoriedad es el “mayor ataque a la democracia”

El Tribunal Constitucional estudia hoy el recurso presentado por el Gobierno español contra la norma

Martes, 12 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h.

madrid- El Gobierno español señala en el recurso que presentó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) que la ley de Transitoriedad Jurídica de la República de Catalunya aprobado el pasado jueves por el Parlament catalán constituye junto con la ley del Referéndum, “la mayor afrenta y amenaza a la democracia y a la destrucción de las normas de convivencia que la sociedad española se dio en el año 1978”.

En su recurso, que será analizado hoy por el alto tribunal, se solicita la suspensión cautelar de la norma y se defiende la “extraordinaria relevancia constitucional” de la petición del Gobierno y añade que también resulta “imprescindible” para defender al propio Parlament de Catalunya como institución democrática “frente a la apropiación que de él pretende un conjunto de diputados, arrogándose una legitimidad y una competencia de la que manifiestamente carecen”.

A juicio del Gobierno, los 71 diputados que aprobaron esta ley el pasado jueves “han abusado de forma descarada del Parlament para fines espurios, violando su carácter de institución democrática estatuaria con manifiesta desobediencia de las resoluciones que el TC ha dictado”. El texto recuerda que, desde el punto de vista jurídico “el documento impugnado es inexistente por ser de contenido imposible, si bien es necesaria su impugnación y anulación formal.

En un recurso de 29 páginas, la Abogacía del Estado explica que la ley, que tacha de “burdo documento que se ha tratado de orquestar por la exigua mayoría parlamentaria”, viola la Constitución, el Estatuto catalán y el Reglamento del Parlament de Catalunya y es una “aberración jurídica de tal orden que solo se puede calificar de arbitraria y arbitrista”.

El documento no se para a analizar artículo por artículo la ley de Transitoriedad, pero sí algunos de sus puntos. Entre ellos, el que afirma que una hipotética república catalana se integraría en la Unión Europea y en los tratados internacionales firmados por España, un punto que “no cabe sino calificar de irreal y delirante, ya que la nueva república no puede subrogarse en la posición del Estado español en el ámbito internacional”.

La ley también regula “una inexistente nacionalidad catalana diferente de la española” y que, en el caso de la independencia, el Estado catalán pasaría a ser titular de todos los bienes del Estado español, una “previsión delirante donde las haya donde se establece una auténtica confiscación de los bienes de titularidad estatal”. - E.P.