Avalan la pérdida de las ayudas al Hiriko

El Tribunal de Cuentas archiva el expediente sobre el reintegro de los 19 millones de euros públicos gastados

Jueves, 28 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h.

dOnostia- El Tribunal de Cuentas español ha ratificado la decisión de no incoar un procedimiento de reintegro en el caso de las ayudas públicas perdidas en el proyecto Hiriko, la iniciativa para poner en circulación un coche eléctrico made in Euskadi. El órgano fiscalizador archiva así el expediente por el que la fiscalía solicitaba la devolución de las ayudas concedidas por los gobiernos español y vasco a las empresas que impulsaron el proyecto, cerca de 19 millones de euros, la mayor parte a cargo del antiguo ministerio de Ciencia del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Este mes de septiembre ha comenzado la pieza mercantil del juicio contra los impulsores del fracasado proyecto. Para Jesús Echave, José Luis Bengoetxea, Fernando Achaerandio e Iñigo Antia, responsables de la empresa Afypaida, la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación y la devolución de 15,7 millones de euros de ayudas públicas por agravar la insolvencia de la compañía. La Abogacía del Estado, por su parte, reclama la devolución de los cerca de 19 millones en ayudas. Ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Gasteiz, los encausados han reiterado ante el juez que consideran que el proyecto era viable tal y como había avalado el ministerio de Ciencia.

Ahora el Tribunal de Cuentas archiva el expediente relativo a la devolución de las ayudas, asume su pérdida en un escrito fechado a 19 de septiembre en el que se indica que no procede la incoación del procedimiento de reintegro por alcance. Así, tras el escrito remitido por el ministerio fiscal se ratifica la conclusión alcanzada por el órgano fiscalizador el pasado mes de junio.

La decisión del Tribunal de Cuentas de dar por cerrado el asunto discurre de manera paralela a la vía mercantil, que sigue su curso, aunque el veredicto podría condicionar la decisión final del juez y suponer un respaldo para los encausados.

Las dos piezas judiciales abiertas, mercantil y penal, tratan de dilucidar hasta qué punto la quiebra se debió a una mala gestión y, en el caso penal, si hubo delito en la administración de dinero público. - N.G.