Acuerdo improbable, lógica imprescindible

El colosal levantamiento popular en Catalunya debe encauzarse desde la política, superando el veto del PP por la fuerza del voto.

Un análisis de Víctor Goñi - Lunes, 2 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:11h.

las revoluciones se precipitan en los callejones sin salida. Lo dejó dicho Bertold Brecht y ayer quedó de manifiesto con el levantamiento popular acontecido en Catalunya. Las inmensas colas para votar y las masivas movilizaciones en la calle constituyeron un clamor social a modo de fiel retrato de la voluntad de esas tres cuartas partes de la ciudadanía que, según la demoscopia, aspiran tanto a elegir en las urnas el marco jurídico-político como a que ese sumarísimo dictamen democrático sea admitido primero y reconocido después.

Aunque no pudo evitar que se votara en el marco del censo universal arbitrado por la Generalitat como último recurso, el aparataje del Estado sí visualizó por vía policial su veto al referéndum, entendido como una consulta vinculante desarrollada en total libertad y con garantías plenas para el sufragio y para el recuento. Sin embargo, perdió para siempre la pugna argumentativa y emocional tras recetar en primera instancia indiferencia, luego incomprensión y siempre soberbia.

El postrero recurso a la fuerza acredita también el fracaso del Estado en el ámbito de la imagen ante la disyuntiva entre porras o papeletas. Por añadidura, la pulsión soberanista catalana se expande tras la estela de los procesos escocés y canadiense, pues instituciones y opiniones públicas de todas las latitudes abogan por un diálogo resolutivo entre España y Catalunya, la definitiva victoria nominalista del independentismo.

desconexión y 155Expiró el primero de octubre y llega la hora de la verdad, esto es, de comprobar verdaderamente si los órdagos se lanzan y se aceptan. El Govern y sus socios afrontan el reto de continuar unidos en torno a la ley de desconexión, desenchufada ipso facto por los tribunales españoles, a partir de una declaración de independencia que difícilmente asumirá algún actor internacional de fuste ante las presiones monclovitas, en línea con los intereses de los países con mando en plaza. Más allá de que esa proclama unilateral conllevará denuncias, detenciones y embargo de bienes incluso para el propio president Puigdemont, generando por consiguiente un vacío de poder en la Generalitat.

Por descontado, el Gobierno del PP aplicaría en tal supuesto -con el plácet de su mayoría absoluta en el Senado- el artículo 155 de la Constitución, la suspensión de la autonomía tras la intervención financiera, ya que no ha llegado tan lejos en las medidas coercitivas impulsadas a través de la Fiscalía para nada. Literalmente, la ley del más fuerte, lo que no prejuzga la solidez intelectual de quien vence sin convencer pero acarrearía para Catalunya un adelanto electoral por decreto y bajo supervisión externa. El signo concluyente del ocaso del autogobierno.

interlocución multilateralClaro que en estricta teoría también cabría la utilización pragmática y sin estridencias del colosal respaldo popular al sufragismo autodeterminista al objeto de rentabilizar la corriente de simpatía recabada, en especial en Europa.

En último término, se trataría de entablar una interlocución multilateral con el fin de acabar pactando un procedimiento sin controversia legalista, nítido en su formulación y transparente en su resolución. Necesariamente, sobre la base de un referéndum vinculante con una pregunta simple y directa de respuesta binaria, es decir, con un sí o con un no. Y articulado sobre unas mayorías consensuadas e incluso cualificadas para que el Parlament catalán proponga la consulta y, en su caso, para que el Congreso de los Diputados la avale. También con el establecimiento de un periodo en el tiempo mínimo para que la votación pueda repetirse y concretando un porcentaje de participación efectiva del censo a partir del que validar el resultado, así unánimemente aceptado.

Nada de lo antedicho se ha puesto jamás encima de una mesa de diálogo con visos de devenir en acuerdo. El perenne escollo, el artículo 2 de la Constitución, que explicita la “indisoluble unidad de la Nación española”. Un punto que, en conexión con el artículo 1 por el cual se enuncia que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” -del que emanan los poderes del Estado-, se traduce en que, de mediar un referéndum, debieran pronunciarse todas las comunidades.

el dique de la derechaDe hecho, el PP nunca tolerará una flexibilización constitucional que cuestione la integridad de España. Su genética unionista redunda en una tendencia irrefrenable a limitar incluso toda pretensión de mayor autogobierno. En esa clave se inscribe el recurso contra el Estatut para su cepillado, denegando la recaudación íntegra de impuestos a un territorio que supone la quinta parte del PIB y el 25% de las exportaciones del conjunto del Estado español.

Esa propensión centralista augura que, en el contexto de una reforma constitucional, el PP se planteará una recuperación de competencias alentada por el jacobinismo de Ciudadanos. Rajoy tiene interiorizada la minorización de su partido en Catalunya, la CAV o Navarra porque resulta inversamente proporcional al crecimiento de sus expectativas en el régimen común. El saldo electoral le sale a cuenta pese a su fehaciente insolvencia política y a su larga ejecutoria en un partido como mínimo financiado irregularmente cuando él se presenta como garante de la ley, una paradoja insultante.

Anquilosado Rajoy en su secular inmovilismo, el PSOE tiene la llave para abrir la puerta de la lógica política sin blandir códigos penales ni la dialéctica tabernaria propia de la derecha extrema. La jornada de ayer vislumbró una grieta notoria con el PP derivada de que el socialismo dirigente aboga por el diálogo en la misma medida que rechaza la desproporción policial. Pero persisten las incógnitas sobre el alcance del federalismo que el PSOE propugna para la actualización constitucional, así como respecto a su voluntad de desalojar a Rajoy de la Moncloa con el concurso de terceros.

Se trata de hallar salidas al callejón, sin apriorismos, ni invectivas. Como dejó escrito Rousseau, adalid de la separación de poderes, las injurias son las razones de quienes tienen culpa.