Madrid dificulta el plan de Iberdrola sobre el carbón

El cierre de centrales de carbón que pretende la eléctrica vasca se complica al ampliarse las causas por las que poder denegarlo

Martes, 14 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:11h.

madrid- El Gobierno español ha ampliado los criterios que tendrá en cuenta para autorizar o denegar el cierre de una central eléctrica, que hasta ahora se limitaban a su impacto en la seguridad del suministro y que en el futuro se extenderán a su efecto en la planificación, los precios, la competencia o el cambio climático.

El Gobierno estatal considera que esta medida tiene amparo constitucional e indica que se toma “por el bien general”, de forma que, en la práctica, esta ampliación de causas por las que denegar una operación de estas características supondrá un obstáculo a los cierres de centrales de carbón que tiene previstos Iberdrola.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital envió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el real decreto que regulará el procedimiento de cierre de las centrales eléctricas.

A diferencia del régimen actual, que solo contempla la seguridad del suministro, a partir de ahora el Gobierno español tendrá en cuenta también otra serie de factores, como el impacto del eventual cierre en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos, en la evolución de los precios y en la competencia.

El real decreto se aplicará a todos los cierres que hayan sido solicitados desde la consulta pública planteada por el ministerio sobre este tema el pasado mes de julio y sobre los que no exista resolución administrativa.

petición a iberdrolaEn línea con este planteamiento, Energía pidió a Iberdrola que le remitiera información contable de los tres últimos años de las centrales de carbón que tiene en funcionamiento en Lada, en Asturias, y Velilla, en Castilla y León, cuyo cierre solicitó.

Según Energía, con esta medida, el Gobierno ratifica su postura de que las decisiones adoptadas por las empresas en el ámbito energético “deben estar subordinadas al interés general y a la planificación en esta materia”.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sostiene que “encuentra pleno amparo” en la Constitución y la regulación vigente del sector eléctrico.

De este modo, la norma se aplicará a las instalaciones de generación con una potencia superior a los cincuenta megavatios, con independencia de su tecnología, al ser las que requieren la autorización del ministerio, según figura en el real decreto. - Efe