Desde la Avenida de Tolosa

Un estado recentralizador

Por Adolfo Roldán - Jueves, 11 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:17h.

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza y Administración pública, Josu Erkoreka, ha apremiado al Gobierno Rajoy a retomar la negociación sobre las 37 competencias pendientes de transferir a Euskadi. Entre ellas, según la lista que Lakua entregó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, está prioritariamente la de prisiones y la gestión económica de la Seguridad Social. Al parecer, tanto el PP como el PSOE olvidaron durante su presencia en la Moncloa que el cumplimiento del Estatuto de Gernika es “un imperativo legal”. Los dirigentes de los dos partidos constitucionalistas que han tenido responsabilidades de gobierno han olvidado que el Estatuto de Gernika viene avalado por la Constitución, pese a lo cual las competencias que se contemplan en el mismo se han transferido con cuentagotas en los últimos cuarenta años. Ante las últimas reclamaciones realizadas por el Gobierno Vasco, Rajoy y Sáenz de Santamaría han dado la callada por respuesta. Lo que hace pensar que su idea de reformar la Constitución es sinónimo de recentralizar o de crear un Estado Autonómico al servicio de una idea uniformadora, En esta situación ha llegado ahora la decisión del Tribunal Constitucional que ha dado la razón a Lakua, anulando por invasión de competencias vascas el Real Decreto del Programa de Activación para el Empleo (PAE), que establecía una ayuda diseñada para los parados de larga duración de 426 euros. El Gobierno Vasco recurrió el decreto por considerar que la gestión de esas ayudas debe recaer en Lanbide, al haber sido transferidas dichas competencias en 2010. Según se argumentó desde Euskadi, la línea de ayudas de Rajoy “ignoraba de forma absoluta no solo la legislación laboral, sino incluso la competencia concreta en materia de políticas activas y de fomento del empleo, conculcando de esa forma no solo el Estatuto de Gernika, sino también el propio orden constitucional que dicen defender. Esta anulación no es el primer varapalo que el Estado recibe en materia de ayudas laborales.