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El TSJPV también invalida la rescisión del contrato de la incineradora por parte de Bildu

Considera que la verdadera intención de la coalición no era revisar el proyecto, sino desistir definitivamente en su construcción

Sábado, 13 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:11h.

donostia - El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso interpuesto por las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Erdia y ha ratificado la sentencia que declaró nula la rescisión del primer contrato de construcción de la incineradora, decidida por el Gobierno de Bildu en 2013.

La rescisión del acuerdo significó el pago de una indemnización de 8 millones de euros a las empresas que conformaban la UTE adjudicataria, así como el abono de más de 3 millones de euros por trabajos ya realizados.

El acuerdo de rescisión del contrato adoptado por la mayoría de la que Bildu disfrutaba en el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) en noviembre de 2013 fue anulado en diciembre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gipuzkoa, en una resolución que fue recurrida por las mancomunidades de Tolosaldea y Urola Erdia.

El recurso ha sido desestimado ahora por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha rechazado los argumentos de estas dos mancomunidades, basados en intentar demostrar que se rescindió el contrato de adjudicación porque era necesario redactar un nuevo proyecto para redimensionar la incineradora, ya que los datos de generación de la fracción resto habían descendido.

Sin embargo, el tribunal considera que la “verdadera intención” del Consorcio controlado por EH Bildu “no era propiciar la construcción de las infraestructuras en el modo que le había sido encomendado” -por las Juntas Generales-, sino “desistir definitivamente de la construcción de siquiera uno de sus elementos fundamentales, la incineradora, por disconformidad de sus rectores con el modelo de eliminación de residuos imperante y suplantarla por la vía de los hechos consumados por otro sistema alternativo”.

La sentencia aclara que han sido los hechos, más allá de los 3.200 folios que han aportado los apelantes, los que le permiten determinar que se produjo un caso de “desviación de poder” al adoptar el acuerdo de rescisión del contrato, ya que tras la resolución de la adjudicación no hubo ningún otro trámite para “promover o licitar la ejecución directa o indirecta de dicha primitiva infraestructura” hasta que se produjo “un cambio efectivo por la vía electoral de los responsables” del Consorcio.

El fallo insiste en que “las razones que trataban de dar justificación aparente de interés público a la extinción del contrato no se correspondían con las verdaderas finalidades de la decisión administrativa, de carácter estructural, definitivo y de radical y completo apartamento del modelo al que dicho contrato se ajustaba”.

Tras conocerse ayer la sentencia, el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, manifestó que “ha llegado la hora de exigir responsabilidades políticas a EH Bildu por su nefasta política en la gestión de los residuos y el perjuicio económico causado a los guipuzcoanos”.

Asensio cifró en 40 millones de euros las pérdidas acumuladas de GHK como consecuencia de la decisión política de Bildu anulada ayer por el TSJPV.

El diputado informó de que llevará la sentencia a la Asamblea del Consorcio y propondrá el inicio de acciones para exigir las responsabilidades que se pudieran derivar de las decisiones adoptadas por Bildu durante su mandato.

“El anterior gobierno de Bildu vulneró la legalidad y quiso pasar por encima de la voluntad de los guipuzcoanos, ignorando lo aprobado por la mayoría en las Juntas Generales”, añadió Asensio.

recurso en el supremo Por su parte, EH Bildu anunció que recurrirá la resolución en el Tribunal Supremo (TS). La coalición abertzale defendió, en un comunicado, su gestión al frente del Gobierno foral y se ratificó en que sus gestores “actuaron cumpliendo la ley al 100 %”.

La formación insistió en que la incineradora estaba “sobredimensionada”, por lo que era necesario rescindir el contrato “por el interés general de la ciudadanía”. “Lo cual ha quedado demostrado con las decisiones tomadas por el actual Gobierno foral, que ha acabado reduciendo de forma considerable las dimensiones de la planta inicial”, añadió.

Además, esta formación destacó que la sentencia del TSJPV, aunque ratifica la anulación del acuerdo de rescisión del contrato, “da la razón a EH Bildu en aspectos muy relevantes”, al confirmar que GHK “sí tenía competencia para tomar dicha decisión”.

A juicio de EH Bildu, “las personas con responsabilidades públicas tienen la obligación de impedir que se construya una infraestructuras sobredimensionada, con el fin de evitar los perjuicios que pudiera ocasionar”.

“Una Administración pública debe defender hasta el final los intereses de la ciudadanía, especialmente en dos ámbitos: la protección de la salud y del dinero público”, concluyó. - Efe